Andalucía debe inaugurar la nueva política

Llevamos meses hablando de la apertura de un tiempo nuevo en la política española, del agotamiento del bipartidismo, de la irrupción de nuevas formaciones, de la desafección ciudadana y de la necesidad de regeneración. El momento del nuevo tiempo ha llegado.

Este martes el Parlamento de Andalucía ha celebrado el debate de investidura de Susana Díaz, cuyo nombramiento como presidenta andaluza en primera votación ha sido rechazado. Los votos en solitario de los socialistas, y el rechazo de populares, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida han cerrado las puertas a su nombramiento. No se puede decir que haya sido una sorpresa. Ni el resultado, ni el modo como se ha producido el debate, ha aportado ninguna novedad. Cada partido se ha cerrado en sus posiciones, discursos, en nombre de los andaluces, pero defendiendo los intereses de cada formación política.

Sin embargo, el debate de este martes en Andalucía, sí tiene algo que lo va a hacer singular. Será el último de la vieja política. En el Hospital de las Cinco Llagas, sede del Parlamento de Andalucía, ha muerto un modo de hacer política, a la que ya han dado la espalda los andaluces, y pronto lo hará el resto de España. Este martes en Sevilla se ha sellado el certificado de defunción de la política de las mayorías absolutas, de la política de las posiciones inamovibles, de la política de la mitad contra la otra mitad, de la política que busca el exterminio del adversario, de la política de la imposición y del rodillo.

En este nuevo tiempo no habrá mayorías absolutas, sino pactos de gobierno. En la nueva política no debe haber lugar para el sectarismo, sino para la negociación. Se acabaron los enjuagues entre rojos y azules, se multiplican los actores a la hora de buscar acuerdos. Desaparecen los enemigos a los que aniquilar, ahora los rivales serán posibles aliados con los que entenderse. Este nuevo tiempo no estará marcado por la imposición, sino por el diálogo.

El primer rechazo a la investidura de Susana Díaz debe ser el acto final de esa vieja política. La política de trincheras, la política del «y tú más», la política, en definitiva, del pasado ya no vale. Nace la política de la aritmética, de las alianzas, de las cesiones, de los pactos y el acuerdo. Desde este miércoles los cinco partidos representados en la cámara andaluza deben ponerse a cumplir el mandato que los ciudadanos les otorgaron, lograr un gobierno y una oposición que empiecen a trabajar para solucionar los problemas de los andaluces, que no son pocos, y muy urgentes.

Los que han sido partidos mayoritarios hasta hoy deben cambiar la soberbia por generosidad, la prepotencia por humildad, la autoridad por solidaridad. Pero también para los nuevos partidos ha llegado su momento. Hasta ahora todo lo han tenido fácil. El desgaste de los partidos viejos y la indignación ciudadana les han ido inflando las velas para navegar con el viento a favor. Ahora hay que desembarcar y empezar a tomar decisiones. Empezar a elegir compañeros de viaje con los que transformar esa sociedad que no les gusta. Empezar a retratarse y participar en pactos de gobierno con los que afrontar las soluciones de los problemas que hasta ahora solo habían tenido que diagnosticar. Ha llegado el momento de que estos nuevos partidos demuestren de verdad su utilidad para transformar la política y la sociedad española. Ha llegado el momento de llevar la indignación a los parlamentos, pero sobre todo de cambiar la euforia de las asambleas ciudadanas por el desgaste de los despachos de gobierno.

La incapacidad de adaptación de los partidos tradicionales a esta nueva política, y el tactismo electoral de los nuevos, es el gran riesgo con el que arranca este tiempo nuevo. Con elecciones autonómicas y municipales en dos semanas, y generales en unos meses, todos los partidos parecen anteponer sus estrategias electorales a lograr un pacto que permita conformar gobierno en Andalucía. Parece más importante calibrar el efecto en votos de una abstención o un apoyo en el parlamento andaluz, que el desastre de mantener paralizada Andalucía. El viernes será la segunda votación de investidura. El plazo para cerrar un acuerdo es de dos meses, y puede que sea más fácil lograrlo una vez pasados los comicios del 24 de mayo. Lo cierto es que si hubiese que repetir elecciones en Andalucía sería un bochorno, y un mal comienzo, de este tiempo nuevo, además de una decepción más para lo andaluces, y van ya…

Hola campaña electoral, adiós periodismo.

Comienza una nueva campaña electoral, muere el periodismo. Los medios de comunicación en España no pasan por un momento especialmente brillante. A la devastación que ha provocado la crisis, el segundo sector donde más empleo se ha destruido tras la construcción, y donde la precariedad ha convertido las redacciones en un valle de lágrimas, ahora se han unido los ataques a las libertades, por ejemplo, con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Informar se ha convertido en un delito. Periodistas que cubren desahucios o manifestaciones han acabado pasando la noche en comisaría por fotografiar o grabar. El último ejemplo en el desahucio y derribo de la calle Ofelia Nieto en Madrid hace unos días.

Pues bien, desde el inicio de la democracia, los periodistas que trabajan en medios públicos, pasan regularmente periodos de quince días en que se les aplica un ley mordaza particular, es la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Cada vez que España entra en periodo electoral, el periodismo salta por las ventanas de las redacciones de las televisiones y radios públicas. Los periodistas son obligados a acatar las decisiones que marcan los partidos políticos y la Junta Electoral, y durante esos quince días se convierten en meros cronometradores.

Durante estos quince días que duran las campañas electorales, la información de los actos de las formaciones políticas no se realizan conforme a criterios profesionales, sino según los criterios que se marcan desde los partidos y la Junta Electoral. La Junta es la que aprueba el plan de cobertura de las televisiones y radios públicas, y ella es la que decide el tiempo y el orden en el que debe ir la información de cada partido. Es la información en los anacrónicos bloques electorales.

Los criterios profesionales no sirven durante estos quince días. Si un determinado partido, con representación parlamentaria, no ofrece información alguna de interés en un día de campaña , da igual, en los medios públicos saldrá con el tiempo y el orden que ha marcado la Junta Electoral. Sin embargo, otro partido más pequeño, o sin representación en el parlamento, que sea especialmente activo, y ofrece información relevante todos los días, le da lo mismo, los medios públicos solo ofrecerán los pocos segundos que indica el juez, o no ofrecerán información alguna de esas formaciones políticas.

Los periodistas de todos lo medios públicos de este país llevan años y años reclamando el final de este modo de trabajar en las campañas electorales por considerarlo mucho más próximo a la propaganda que a la información. Pero poco o nada se ha avanzado. Ya está en marcha la campaña electoral en Andalucía, y aquí llegan de nuevo los nefastos bloques electorales.

Todos nos llevamos las manos a la cabeza cuando nos cuentan que jueces o políticos son los que deciden sobre el trabajo de los periodistas en países como Venezuela o Irán. Pero algo similar pasa en España durante las campañas electorales en los medios públicos, y de momento nadie parece escandalizarse. Periodistas de Canal Sur, por ejemplo, han sido llamados a declarar ante jueces en el Parlamento de Andalucía, a instancias de determinado partido político, porque no les gusta determinada información, porque ha entrado un negro en un video, o se ha bloqueado un rótulo en emisión. Aseguro que no es ninguna exageración porque lo he vivido en carne propia.
Lógicamente, las denuncias son amplificadas desde los partidos políticos y medios privados, utilizándolas para sus propios fines electorales. Es un arma más en la batalla partidista. Sin embargo callan y nadie se hace eco, cuando semanas después, una tras otra, esas denuncias son archivadas, como sucede en el 99% de los casos. Pero el daño ya está hecho. La presión se ha hecho insostenible en las redacciones durante la campaña, y reina el miedo, que no es precisamente el mejor compañero para hacer buen periodismo.

No puedo hablar de los primeros tiempos de la transición, cuando desconozco si este modo de proceder en periodos electorales era necesario en unos medios públicos también en plena adaptación a un nuevo escenario. Pero hoy en día es simplemente una vergüenza.

En los casos que conozco, Canal Sur, TV3 o TVE, disponen de órganos profesionales como los Consejos Informativos o Consejos de Redacción, elegidos democráticamente, que son la mayor garantía para velar por el correcto trabajo de sus periodistas, y el respeto a los principios de pluralidad, imparcialidad y objetividad. No entiendo como este tipo de órganos no son obligatorios en todos los medios públicos, y en televisiones como Telemadrid o Castilla-La Mancha han sido prohibidos desde sus direcciones.

Además, en Comunidades Autónomas como Andalucía o Cataluña, se han creado Consejos Audiovisuales que ejercen el control de los medios públicos desde puntos de vista profesionales, con contaminaciones limitadas de intereses partidistas o electorales. Apostar y reforzar las funciones de estos órganos es la mejor garantía para asegurar el derecho a la información de los ciudadanos, especialmente en un periodo sensible como es una campaña electoral.

Celebro que en estas elecciones la Junta Electoral haya flexibilizado sus criterios y haya aceptado y pedido que se ofrezca también información de partidos sin representación parlamentaria como Podemos, Ciudadanos o UPyD en los bloques electorales. El mayor reproche a Canal Sur hace años fue por dar algo más de información del Partido Andalucista de la que habían marcado los jueces, doce segundos.

Este año serán tres las campañas electorales que viviremos. 45 días en que dejaremos de ser periodistas para limitarnos a ser cronometradores. Volveremos a negarnos a firmar los vídeos, o a que salgan nuestras caras en las informaciones. Volveremos a protestar y a renegar de un sistema más cercano al modo de entender la información en Cuba o Qatar que en una democracia occidental. Volverán las presiones y las amenazas de los políticos de llevarnos ante los jueces si no somos dóciles y obedientes. Volverá el cuestionamiento de nuestra profesionalidad si no contamos lo que ellos quieran. Volverán los nervios a los despachos de unos jefes que no quieren verse en los papeles.

Esperemos que no tengan que pasar muchas más campañas para que llegue la cordura y la sensatez, y la hora en que los políticos se dediquen a hacer política, los jueces a impartir justicia, y dejen a los periodistas hacer información al servicio de quien de verdad se deben los medios públicos, que no son ni los políticos ni los jueces, sino los ciudadanos.