Caso Nóos: ineptos, chorizos o tontos

Terminó la declaración de los 17 procesados en el juicio por el caso Nóos. Tras visionar decenas de miles de folios, exhibir millares de documentos, escuchar centenares de preguntas, decenas de horas de declaraciones, no me creo que pueda haber gente tan tonta, profesionales tan ineptos, que hayan permitido campar a sus anchas a chorizos, capaces de hacer desaparecer delante de todos seis millones de euros de dinero público sin necesidad de chistera ni varita mágica, sin que todos hayan sido cómplices a la hora de llenarse los bolsillos.

El banquillo de acusados reúne a una infanta de España y a su marido. Hija y hermana de rey, yerno y cuñado de jefe de estado. Un presidente autonómico, un vicealcalde, medallistas olímpicos, y altos cargos de administraciones corrompidas por la corrupción como Baleares, Valencia o Madrid. Los 17 procesados se han convertido en un muestrario de ineptos, tontos y chorizos que ni en el mejor muestrario del gran libro del corrupto.

No me creo que una Infanta de España, licenciada en políticas, alta ejecutiva del departamento internacional de La Caixa, se presente ante el tribunal como la abnegada esposa que no sabe lo que firma, o los negocios a que se dedica un marido en el que confía ciegamente.

Perdón pero no me lo creo. No me creo que un deportista de élite se ponga en manos de un contable para decidir si la factura de un libro de Harry Potter se puede endosar a la empresa para pagar menos impuestos, o que sea su secretaria la que decida si la compra del Caprabo desgrava. No creo que se pueda ser tan inepto.

No me creo que un profesor de ESADE no sepa si un trabajador está contratado en un régimen u otro. No me creo que un presidente autonómico se desvincule de un proyecto gestado en partidas de pádel en el Palacio de Marivent. O que altos cargos se jueguen sus carreras y sus antecedentes penales, por ineptitud a la hora de adjudicar contratos públicos.

Perdón pero no me lo creo. No creo que una infanta, pueda ser tan tonta como para no saber que pasa con sus tarjetas de crédito. O un jugador profesional de balonmano, no sepa que sociedades pantalla se crean a su nombre para tributar menos. O un doctor en economía y experto en patrocinio, se haga un lío en cargar subvenciones públicas a empresas tapaderas en lugar de a un instituto sin ánimo de lucro. No me creo que un presidente autonómico no sepa dónde han ido dos millones de euros, o un vicealcalde tres.

No creo en altos cargos tan tontos como los de Ibatur, o Illesport, o los rectores de la Ciudad de las Ciencias de Valencia, que se dedicaron a repartir millones de euros a empresas solo porque en su organigrama figuraba el yerno del rey.

Perdón, pero no me lo creo. Sé que la justicia tendrá que esclarecer la verdad de un escándalo de corrupción que se ha llevado por delante el prestigio de la Corona y la figura de un monarca, obligado a abdicar, por la sospecha de que todo lo que su yerno o su hija hacían, era imposible sin el conocimiento de la jefatura del estado.

Cada vez creo menos en ineptos y tontos. Y los chorizos en esta país brotan como las flores en primavera, pero ellos todo el año. No me creo que Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarín no supieran que estaban al borde de la legalidad mientras paseaban por el Palacete de Pedralbes. O que Diego Torres no pensase en forrarse cuando decidió asociarse con el cuñado de Felipe VI. Y qué decir de Jaume Matas, que miras corrupto en el diccionario y sale su foto. O Pepote Ballester, o Alfonso Grau, o los Tejeiro, o Mercedes Coghen, y así el resto de procesados. No puedo evitar pensar en lo que se les habrá quedado entre los dedos por vulnerar controles, hacer la vista gorda, o comerse los marrones de otros, apellídense Barberas, Camps o Gallardones.

La foto del banquillo del caso Nóos es la foto de cómo se han hecho las cosas en este país en años de bonanza. Es la foto de los que de verdad vivieron por encima de nuestras posibilidades, que gestionaron lo que era de todos como si fuese suyo.

Desde la corona, al más ínfimo escalón del poder, hubo un tiempo en que se consideraron con el derecho de coger lo que ellos estaban seguros que les pertenecía, por el mero hecho de ser quienes eran, y estar donde estaban. Si miembros de la familia real era capaces de jugarse prestigio y futuro por unos pocos millones de euros, es que todos los que se movían en ese círculo lo hacían. El verdadero reino era el de la impunidad, el de los que se sentían por encima de la ley.

Lo estamos viendo cada día en una Comunidad y en una Institución diferente. Comunidades Autónomas, partidos políticos, sindicatos. Correas, Granados, Bárcenas o Marjalizas. La verdadera burbuja que nos ha conducido al desastre ha sido la de la desvergüenza en el poder.

Es curioso que el final de las declaraciones de los procesados de Nóos, el ejemplo más claro de la metástasis que carcome de manera trasversal nuestras instituciones desde la primera a la última, se haya producido entre la dos sesiones de investidura para alumbrar un nuevo gobierno y una nueva etapa política. Pero parece que ni así la responsabilidad y el sentido común llega a la clase política. Quizás, es que lo del cambio es un bonito eslogan, pero que no interesa a nadie que se haga realidad, por si de verdad a algunos, se les acaba el chollo.

La Infanta no es titiritera

La infanta no es titiritera, tampoco su esposo Iñaki Urdangarín, ni Jaume Matas. Tampoco es titiritero Jordi Pujol ni su esposa Marta Ferrusola, ni sus hijos. Luis Bárcenas no es titiritero, ni Rita Barberá, ni Alfonso Rus. Los exconsejeros andaluces Vallejo, Recio y Viera tampoco son titiriteros. No es titiritero el organizador de la fiesta del Madrid Arena, Miguel Ángel Flores, ni Francisco Granados, ni Carlos Fabra, ni tantos y tantos otros que nos han tomado el pelo sin necesidad de utilizar muñecos, y que han sido tratados por la justicia de manera mucho más benévola que los dos titiriteros impresentables, que con una obra deleznable, han causado más escándalo público en este país, que todos aquellos que se han llevado hasta los ceniceros de instituciones, que en teoría están al servicio de la gente, pero han sido saqueadas para beneficios de unos pocos.

Es una sensación cada vez más generalizada, que no hay justicia más fuerte que la aplicada sobre el débil, y no hay justicia más débil que la que persigue a los fuertes.

Cinco días han pasado en prisión los titiriteros granadinos que osaron representar en Madrid una obra políticamente incorrecta, que habían representado por otros muchos lugares de España sin escándalo alguno. Todos sabemos que Madrid es Madrid, y como en la casa de Gran Hermano, la cosas que pasan en la capital se magnifican. Hoy disfrutan de su primer día en libertad después de los cambios de opinión de fiscalía y juez. Si un representante del Ministerio Fiscal, o un juez, hubiesen caído en las contradicciones y en los sorprendentes cambios de criterio con figuras como Iñaki Urdangarín o Rita Barberá, no hay duda que a esta hora sus carreras estarían en serio peligro. Ojalá hubiésemos encontrado la misma contundencia en la fiscalía, en la abogacía del Estado o en la Agencia Tributaria en el caso Nóos, a la hora de perseguir los delitos fiscales del matrimonio Borbón-Urdangarín. Y eso que la imagen de una Infanta de España en el banquillo demuestra que no todo está perdido y todavía quedan superhéroes como el juez José Castro.

Los dos titiriteros han visto cómo se les imponían más medidas cautelares que al propio Luis Bárcenas. Se les ha puesto en la calle porque no hay riego de que puedan seguir poniendo en escena la zafia representación que escandalizó al público de Madrid. Lástima que en este país no se aplique el mismo criterio en otros ámbitos de la vida, y por ejemplo no salieran de prisión personajes como Rodrigo Rato o Miguel Blesa hasta que no dejen de ofrecer la función de oprobio y drama, la película de ruina eterna, a la que han condenado a miles de españoles estafados con las preferentes o la salida a Bolsa de Bankia.

Estoy de acuerdo en que la obra de «Títeres desde Abajo» nunca se debió representar en los carnavales del distrito de Tetuán, y nunca se debió utilizar dinero público en una función de tan mal gusto. Pero puestos a perseguir funciones de mal gusto, llevo toda la semana en Mallorca, en las declaraciones de los procesados por el caso Nóos, y día tras día, nos están contando un relato, con muy poca gracia, sobre como el dinero de todos ha acabado en el bolsillo de unos pocos. Una obra repleta de marionetas en forma de sociedades interpuestas, empresas pantallas, presupuestos ficticios, sobrecostes y desvío de dinero público a cuentas privadas, que ha condenado al país a una crisis que se ha llevado por delante el bienestar de la mayoría. Me produce arcadas el cartel de «Gora Alka-ETA», pero es imposible controlar el vomito ante tanta desvergüenza como la que vemos cada día, sin que sea una obra de ficción como la de los titiriteros, sino pura realidad, en este caso no sólo impropia para los niños, sino tampoco tolerada para mayores.

Somos un país más de decir que de hacer, y parece que también la justicia se toma más en serio lo que se dice que lo que se hace. Qué triste que sea más grave lo que se cuenta metiendo la mano dentro de una marioneta, que lo que nos hacen metiéndonos la mano en la cartera.

Caso Noos, Hacienda no somos todos

Un lema publicitario, como «el algodón no engaña» del mayordomo de la tele, o «la chispa de la vida», a eso ha quedado reducido el «Hacienda somos todos» con el que en España durante décadas trataron de convencernos de que debíamos pagar nuestros impuestos como una forma de responsabilidad social. Ahora sabemos, tras la intervención de la abogacía del Estado en la primera sesión del juicio por el caso Noos, que tan solo es un eslogan publicitario, como el de Don Limpio o la Coca Cola, y que además es engañoso. No nos convertirá en grandes hombres como nos promete Marlboro, ni nos dará prestigio como ofrece Mercedes, ha resultado ser más falso que Volkswagen. Es la demostración de que en España pagar impuestos ha sido siempre cosa de pobres.

Era algo que todos intuíamos, pero hoy ya está confirmado. Con el arranque de sinceridad de la abogacía del Estado, en sede judicial en Palma de Mallorca, ya no hay dudas. Para la Agencia Tributaria, Hacienda no somos todos. Hay españoles de primera y de segunda, españoles con los que se es inflexible desde el fisco, y españoles con los que se mira hacia otro lado.

Han sido los técnicos de Hacienda los que han confirmado esta profunda injusticia. Se han llevado las manos a la cabeza cuando un abogado del estado reduce a eslogan publicitario un «Hacienda somos todos» que tienen una especial trascendencia jurídica. Es la expresión más gráfica del artículo 31.1 de la Constitución que habla del justo reparto de la carga tributaria, otro incumplimiento más de la Carta Magna. El sistema impositivo en España no puede ser más injusto e ineficaz.

Los técnicos de Hacienda solo entienden que la Agencia Tributaria haya renunciado a acusar a la infanta Cristina como cooperadora de dos delitos fiscales al «elegir a capricho» con quienes ser inflexibles y con quienes tener manga ancha. No entienden que no se acuse a quien era participe de las sociedades utilizadas para la comisión de los delitos.

Ha sido la noticia de la sesión de apertura del juicio por el Caso Noos, la confluencia de intereses de la Agencia Tributaria, de la Abogacía del Estado, de la Fiscalía, con los abogados defensores de Cristina de Borbón, para tratar de evitar el procesamiento de la Infanta, en un caso de corrupción que ha provocado un enorme desgaste en la Corona. Es cierto que ayer en Palma el más vehemente al pedir el archivo de la causa fue el abogado de la Infanta, Jesus María Silva, pero el más contundente fue curiosamente quien debía acusar, el fiscal Pedro Horrach, y quien proporcionó los argumentos, Hacienda, contra quien se cometieron los presuntos delitos, con un nuevo informe que exonera a la Infanta de cualquier delito fiscal. Ni el mejor de los equipos jurídicos habría actuado mejor coordinado.

La Infanta podría salir del banquillo de los acusados en virtud de una doctrina con el nombre de un banquero, Emilio Botín, el primer beneficiario del privilegio de no ser procesado si no hay acusación del ministerio público, aunque sí exista por parte de un particular. Esto define al país. Parece que desde altas instancias del Estado se han tomado muchas molestias para sacar a la hermana del Rey de entre los 18 acusados del caso Noos.

Si finalmente la Infanta no tiene que regresar a Palma para volver a sentarse en el banquillo, algo que conoceremos antes del 9 de febrero, serán la propia Cristina de Borbón y la Corona los principales perjudicados. En un tiempo en que ancianos con Alzheimer se les hace responsables de lo que firmaron en el banco para la adquisición de preferentes, cuando jubilados son desahuciados de sus casas por deudas contraídas por sus hijos, cuando personas sin ninguna formación son consideradas responsables de los perjuicios causados por complejos productos financieros, sería muy difícil de entender que Cristina de Borbón no tuviera nada que ver con los negocios de su marido y desconociese cómo llegaba el dinero para pagar, por ejemplo, el palacete de Pedralbes.

Fue el rey Juan Carlos quien dijo que la justicia era igual para todos, ahora toca demostrarlo. La composición del banquillo del caso Noos, el primero de los grandes casos de corrupción que llega a juicio, de una época en que la impunidad y la desvergüenza era moneda común en determinados círculos de este país, es la demostración palpable de que la justicia funciona, sobre todo por el impulso de magistrados convertidos en superhéroes como el juez Castro, ahora toca que todo ese esfuerzo no se tire por la borda.