Fake news y el ocaso del periodismo

La verdad es la primera víctima de una guerra y, desgraciadamente, estamos comprobando que también es una víctima en tiempos de paz. El poder se ha convertido en su principal enemigo. Esta sentencia sagrada de los tiempos en que el periodismo era una profesión heroica, cobra hoy más sentido que nunca.

Durante la Segunda Guerra del Golfo en Bagdad, recuerdo al Ministro de Información iraquí contando a la prensa internacional en el Hotel Palestina que los americanos estaban aún lejos del río Tigris mientras los cristales de la sala temblaban por las bombas de los EEUU y veíamos a los guardias republicanos tirarse al agua hostigados por los marines que ya habían atravesado la ciudad. Las risas de los periodistas impedían oír al ministro que estaba haciendo el papelón de su vida. Han pasado quince años desde entonces y mentiras como éstas, quizás más sutiles pero igual de groseras, nos cuentan cada día y, lejos de seguir riéndonos, hoy se convierten en titulares de primera página o llenan los informativos de las grandes cadenas de radio y televisión. En estos tres lustros el periodismo se ha perdido el respeto y ha pasado de ser una profesión reconocida y útil a ser un sector cuestionado y que ha perdido la confianza de los ciudadanos.

La crisis económica, las redes sociales y las nuevas formas de comunicación se han llevado por delante medios históricos que han demostrado su nula capacidad de adaptación, sobre todo en los despachos más que en las redacciones. Miles de puestos de trabajo perdidos, precariedad y condiciones indignas, periódicos y revistas cerradas, freelance que apenas cubren gastos, televisiones con plantillas y sueldos recortados, expedientes de regulación de empleo por doquier, es el panorama de la prensa española.

Con esta situación, asistimos al nerviosismo y la preocupación que le ha entrado al gobierno de repente por las denominadas “fake news”, las noticias falsas e injerencias extranjeras que ,por ejemplo, han contribuido a enrarecer aún más la situación en Cataluña o puede contaminar procesos electorales.

La información siempre ha sido un arma enormemente poderosa. Un arma que en estos tiempos de sobreexposición y bombardeo continuo, de manipulación y negocio, lo es aún más. Las redes sociales han contribuido a democratizar la información, han convertido a todos los ciudadanos en periodistas en potencia, pero ha restado rigor y calidad. Cada vez hay más ruido mediático y menos periodismo, cada vez es más difícil separar el grano de la paja, distinguir la dieta mediterránea informativa de la comida basura.

En una situación cada vez más complicada el estado, los gobiernos, el poder en definitiva, que tanto han contribuido a debilitar el papel de los medios, ahora piden liderar la lucha contra la falsa información.

Durante la celebración de la Pascua Militar, la ministra de defensa, Maria Dolores de Cospedal, puso el combate contra las noticias falsas como una prioridad de su departamento. La misma Cospedal que alumbró los tiempos más negros para la Televisión de Castilla La Mancha cuando fue presidenta de esa comunidad.

El PP ya ha anunciado una serie de iniciativas parlamentarias para “impulsar medidas necesarias para garantizar la veracidad de las informaciones que circulan por servicios conectados a internet y evitar injerencias que pongan en peligro la estabilidad institucional en España”. Eso lo anuncia el mismo PP que aprobó la denominada Ley Mordaza y se resiste a derogarla a pesar de la petición del Parlamento. El partido que ha cambiado la legislación en torno a la televisión pública para batir récords de manipulación y control. El partido bajo cuyo mandato se multiplican los juicios en la Audiencia Nacional a titiriteros o raperos por enaltecimiento del terrorismo. El partido que ha convertido la publicidad institucional en el modo de comprar a medios privados favoreciendo a sus periodistas afines. Este es el partido que ahora se presenta como el adalid de la verdad y la autenticidad.

Sin presentar ni una sola prueba de esas injerencias externas, el gobierno pretende crear durante este año el “Centro de Operaciones de Seguridad del Estado” para luchar contra las “fake news”. El ejecutivo pretende crear un sellado de la información para asegurar su veracidad. El propio gobierno se convertiría en el garante de la información verdadera con el peligro que eso supondría. Sería el final del periodismo y la degradación y perversión por tanto de la propia democracia.

Este problema no es una peculiaridad española. La elección de Trump o el Brexit pusieron sobre la mesa el problema de la injerencia rusa en una especie de nueva guerra fría informativa. Francia y Alemania ya han anunciado medidas similares a las que se plantean en España. Qué raro que solo haya sido Finlandia, el país con el mejor sistema educativo del mundo, el que haya decidido afrontar el problema desde una perspectiva distinta que el control de la información desde el poder político. En Finlandia se apuesta por planes para fomentar el espíritu crítico en la ciudadanía y una mejor educación para que lectores y espectadores más formados sean capaces de distinguir la buena información de la mala, la propaganda del periodismo.

Y es que ese es el camino. La guerra a la desinformación nunca se va a ganar con mayor control político, ese ha sido su principal caldo de cultivo en despachos del Kremlin, La Casa Blanca o cualquier centro de poder que utiliza la información como un arma y la verdad es la primera de sus víctimas.

El mejor modo, y el único, de combatir las noticias falsas y las presuntas injerencias es mejor periodismo y más educación. Solo con unos medios de comunicación fuertes y libres, con periodistas bien formados y con una estabilidad profesional garantizada, con ciudadanos críticos que exijan la información como un derecho más, igual que la educación o la sanidad, los robots que multiplican la repercusión de los tuits, la campañas de propaganda interesadas, las manipulaciones e injerencias políticas tendrían los días contados.

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información ha calificado el año 2017 como el peor en décadas para la libertad de expresión en nuestro país, y han hecho público un manifiesto en “Defensa de la libertad de información y en contra del control político de los medios”.

Justo en el peor momento, el periodismo vive la mayor de sus crisis. No es casual. A peor periodismo, menor libertad y más manipulación, perfecto en estos tiempos de involución. No hay mayor campaña de desinformación que el poder controlando los medios, no hay mayores “fake news” que las que los gobiernos lanzan con sus campañas de propaganda. Que no nos vengan ahora con injerencias rusas cuando las peores injerencias llegan desde casa mientras el periodismo se desangra.

Hola campaña electoral, adiós periodismo.

Comienza una nueva campaña electoral, muere el periodismo. Los medios de comunicación en España no pasan por un momento especialmente brillante. A la devastación que ha provocado la crisis, el segundo sector donde más empleo se ha destruido tras la construcción, y donde la precariedad ha convertido las redacciones en un valle de lágrimas, ahora se han unido los ataques a las libertades, por ejemplo, con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Informar se ha convertido en un delito. Periodistas que cubren desahucios o manifestaciones han acabado pasando la noche en comisaría por fotografiar o grabar. El último ejemplo en el desahucio y derribo de la calle Ofelia Nieto en Madrid hace unos días.

Pues bien, desde el inicio de la democracia, los periodistas que trabajan en medios públicos, pasan regularmente periodos de quince días en que se les aplica un ley mordaza particular, es la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Cada vez que España entra en periodo electoral, el periodismo salta por las ventanas de las redacciones de las televisiones y radios públicas. Los periodistas son obligados a acatar las decisiones que marcan los partidos políticos y la Junta Electoral, y durante esos quince días se convierten en meros cronometradores.

Durante estos quince días que duran las campañas electorales, la información de los actos de las formaciones políticas no se realizan conforme a criterios profesionales, sino según los criterios que se marcan desde los partidos y la Junta Electoral. La Junta es la que aprueba el plan de cobertura de las televisiones y radios públicas, y ella es la que decide el tiempo y el orden en el que debe ir la información de cada partido. Es la información en los anacrónicos bloques electorales.

Los criterios profesionales no sirven durante estos quince días. Si un determinado partido, con representación parlamentaria, no ofrece información alguna de interés en un día de campaña , da igual, en los medios públicos saldrá con el tiempo y el orden que ha marcado la Junta Electoral. Sin embargo, otro partido más pequeño, o sin representación en el parlamento, que sea especialmente activo, y ofrece información relevante todos los días, le da lo mismo, los medios públicos solo ofrecerán los pocos segundos que indica el juez, o no ofrecerán información alguna de esas formaciones políticas.

Los periodistas de todos lo medios públicos de este país llevan años y años reclamando el final de este modo de trabajar en las campañas electorales por considerarlo mucho más próximo a la propaganda que a la información. Pero poco o nada se ha avanzado. Ya está en marcha la campaña electoral en Andalucía, y aquí llegan de nuevo los nefastos bloques electorales.

Todos nos llevamos las manos a la cabeza cuando nos cuentan que jueces o políticos son los que deciden sobre el trabajo de los periodistas en países como Venezuela o Irán. Pero algo similar pasa en España durante las campañas electorales en los medios públicos, y de momento nadie parece escandalizarse. Periodistas de Canal Sur, por ejemplo, han sido llamados a declarar ante jueces en el Parlamento de Andalucía, a instancias de determinado partido político, porque no les gusta determinada información, porque ha entrado un negro en un video, o se ha bloqueado un rótulo en emisión. Aseguro que no es ninguna exageración porque lo he vivido en carne propia.
Lógicamente, las denuncias son amplificadas desde los partidos políticos y medios privados, utilizándolas para sus propios fines electorales. Es un arma más en la batalla partidista. Sin embargo callan y nadie se hace eco, cuando semanas después, una tras otra, esas denuncias son archivadas, como sucede en el 99% de los casos. Pero el daño ya está hecho. La presión se ha hecho insostenible en las redacciones durante la campaña, y reina el miedo, que no es precisamente el mejor compañero para hacer buen periodismo.

No puedo hablar de los primeros tiempos de la transición, cuando desconozco si este modo de proceder en periodos electorales era necesario en unos medios públicos también en plena adaptación a un nuevo escenario. Pero hoy en día es simplemente una vergüenza.

En los casos que conozco, Canal Sur, TV3 o TVE, disponen de órganos profesionales como los Consejos Informativos o Consejos de Redacción, elegidos democráticamente, que son la mayor garantía para velar por el correcto trabajo de sus periodistas, y el respeto a los principios de pluralidad, imparcialidad y objetividad. No entiendo como este tipo de órganos no son obligatorios en todos los medios públicos, y en televisiones como Telemadrid o Castilla-La Mancha han sido prohibidos desde sus direcciones.

Además, en Comunidades Autónomas como Andalucía o Cataluña, se han creado Consejos Audiovisuales que ejercen el control de los medios públicos desde puntos de vista profesionales, con contaminaciones limitadas de intereses partidistas o electorales. Apostar y reforzar las funciones de estos órganos es la mejor garantía para asegurar el derecho a la información de los ciudadanos, especialmente en un periodo sensible como es una campaña electoral.

Celebro que en estas elecciones la Junta Electoral haya flexibilizado sus criterios y haya aceptado y pedido que se ofrezca también información de partidos sin representación parlamentaria como Podemos, Ciudadanos o UPyD en los bloques electorales. El mayor reproche a Canal Sur hace años fue por dar algo más de información del Partido Andalucista de la que habían marcado los jueces, doce segundos.

Este año serán tres las campañas electorales que viviremos. 45 días en que dejaremos de ser periodistas para limitarnos a ser cronometradores. Volveremos a negarnos a firmar los vídeos, o a que salgan nuestras caras en las informaciones. Volveremos a protestar y a renegar de un sistema más cercano al modo de entender la información en Cuba o Qatar que en una democracia occidental. Volverán las presiones y las amenazas de los políticos de llevarnos ante los jueces si no somos dóciles y obedientes. Volverá el cuestionamiento de nuestra profesionalidad si no contamos lo que ellos quieran. Volverán los nervios a los despachos de unos jefes que no quieren verse en los papeles.

Esperemos que no tengan que pasar muchas más campañas para que llegue la cordura y la sensatez, y la hora en que los políticos se dediquen a hacer política, los jueces a impartir justicia, y dejen a los periodistas hacer información al servicio de quien de verdad se deben los medios públicos, que no son ni los políticos ni los jueces, sino los ciudadanos.