Golpistas

Golpista, es el término que se ha convertido en el insulto de moda, desde hace hoy justo un año, en la política española. Hoy se cumplen 365 días desde que el Parlamento de Cataluña proclamó la Declaración Unilateral de Independencia, casi 9.000 horas de la aplicación del artículo 155 que suspendía el autogobierno, mas de 50.000 segundos del mayor disparate de la política española en casi 40 años.

Y un año después seguimos instalados en ese disparate. En Cataluña preside la Generalitat un friki, porque no encontraron a otro, y los responsables de la DUI están en la cárcel o huidos al extranjero. En Madrid, la corrupción provocó un cambio de gobierno, la izquierda sustituyó a la derecha en el poder, y los constitucionalistas que apelaban a la responsabilidad hace un año para aplicar juntos una medida inédita en democracia, ahora se cruzan insultos. Los que perdieron el gobierno y ahora son oposición, llaman golpistas a los que pidieron lealtad siendo oposición y hoy son gobierno.

Un año después entre los independentistas cunde la frustración. Torra y compañía han sido abucheados por los suyos, mientras el bloque se divide entre los caprichos de Puigdemont y las divergencias con ERC. Solo los presos, todavía en prisión preventiva y ya a espera de juicio, sirven de pegamento a un bloque separatista en descomposición. Solo una condena judicial severa podría recomponer un frente que un año después está más debilitado que nunca.

En Madrid las cosas no andan mucho mejor. La moción de censura se llevó por delante la unidad que era tan importante entre los constitucionalistas. El PP que demandaba responsabilidad, hoy llama golpista al presidente del gobierno por su nueva política de alianzas, mientras Ciudadanos, que se veía en Moncloa gracias al conflicto en Cataluña, trata de recuperar posiciones en un clima de enorme crispación. PP y Ciudadanos pelean por el discurso más duro con el fantasma de Vox en la nuca, mientras la debilidad parlamentaria lastra a un gobierno que depende de la responsabilidad de unos socios no siempre de fiar.

En este ambiente ha hecho furor el término golpista como descalificación política. En un país donde un golpe de estado provocó el mayor drama de su historia en el 36, y cuando todavía está fresco en la memoria el recuerdo del golpista Tejero entrando pistola en mano en Las Cortes, se está frivolizando con un término que habría que usar con tremendo cuidado. Igual sucede con el independentismo, agarrado a sus presos políticos como argumentario político, mientras se remueven en sus tumbas los cientos de miles de presos políticos de verdad que murieron en cárceles o en exilios reales durante la dictadura. En España ni hay presos políticos, ni se produjo un golpe de estado hace un año.

Nadie que estuviese en Cataluña en octubre pasado, puede afirmar sin avergonzarse, que allí se produjo una rebelión. Allí no vimos tanque alguno, ni una sola arma, solo toneladas de irresponsabilidad política, no hubo violencia, sino mentiras. Aunque algún dirigente político ha dicho en las últimas horas que “desgraciadamente” los golpes de estado ya no se dan con tanques, sino en los parlamentos, en los parlamentos democráticos se hace política, a veces buena y a veces mala, y la política nunca puede ser una rebelión cuando se practica con la palabra y no con pistolas. Yo no vi grupos violentos ni armados por las calles de Barcelona, sino muchos pakistaníes vendiendo botes de cerveza o banderas esteladas como souvenirs. No vi escaramuzas ni enfrentamientos, solo miles de personas en la Plaza San Jaume celebrando una farsa, una ilusión. No vi convoyes militares recorriendo avenidas, sino riadas de gente que se debatían entre la esperanza de un tiempo nuevo y la consumación de un fracaso. No vi nada parecido al golpe de Videla en Argentina, ni al de Pinochet en Chile, ni siquiera a la revolución de los claveles portuguesa, o las asonadas militares recientes en países como Tailandia. Ni siquiera es comparable a lo que se vivió en esas mismas calles en los años 30 por una deslealtad política similar.

Por ello calificar de golpe de estado lo sucedido hace un año en Cataluña es solo una irresponsable exageración, o una demencial estrategia política que solo busca el conflicto y no encontrar soluciones. Todavía seguimos sin entender que en Cataluña nadie va a vencer a nadie. Ni los dos millones de independentistas a los dos millones contrarios a la independencia, ni los que se consideran españoles a los que sólo se sienten catalanes. Por el camino del enfrentamiento pierden, perdemos todos, y hay quien todavía no se ha dado cuenta.

No son nuevas este tipo de exageraciones. Son habituales cuando el PP está en la oposición. Se produjeron a mediados de los 90 y tras el vuelco político del 11-M en 2004. Ahora no había un Francisco José Alcaraz al frente de las víctimas del terrorismo, y éstas se rebelaron ante el intento de Pablo Casado de utilizarlas en su estrategia de oposición al gobierno, y el nuevo líder de los populares ha encontrado en Cataluña su argumento para deslegitimar al ejecutivo, y a falta de muertos a cuya memoria traicionar como espetó Rajoy a Zapatero, pues ha tenido que responsabilizarle de lo que considera un golpe de estado por parte de aquellos cuyos votos necesita para mantener el poder. Votos que su partido aceptó para hacer presidenta del Congreso a Ana Pastor o para aprobar leyes como la reforma laboral. Además el PP en Cataluña, con solo 4 diputados, nada tiene que perder, con lo que como partido residual puede tirarse al monte.

Aquel 27 de octubre ¿se produjo una quiebra de la legalidad en Cataluña? es indudable, ¿se desobedecieron los mandatos del Tribunal Constitucional y a la propia Carta Magna? por supuesto que sí, y por ello tuvieron que huir Puigdemont y compañía, y Junqueras y parte del Govern están en prisión y van a ser juzgados por delitos como desobediencia, malversación o rebelión. No hay duda que la sociedad catalana se ha fracturado en este proceso y que hay problemas de convivencia, pero a pesar de esos episodios surrealistas como la guerra de los lazos amarillos, Cataluña no es el Ulster como algunos quieren vendernos, yo he visto más violencia en los alrededores de un campo de fútbol, más tensión en la puerta de una discoteca, que en las calles de Cataluña este año, donde lo habitual ha sido la normalidad, y lo excepcional los incidentes, completamente aislados. Sin embargo el debate está en torno a ese delito de rebelión, reservado hasta ahora a conspiraciones militares y violentas. Su recuperación no es más que la constatación del fracaso a la hora de afrontar la cuestión catalana durante un lustro, abandonada la política y dejando la responsabilidad a los jueces ante la falta de ideas de los gobiernos.

Pero si consideramos un golpe de estado, una rebelión, lo sucedido en Cataluña por desafiar el orden constitucional, habrá que considerar también un golpe de estado cuando no se respeta el artículo 47 de la Carta Magna y se venden a fondos buitres casas sociales cuando hay españoles que no tienen acceso a una vivienda digna y adecuada. Habrá que considerar golpistas a los que impiden que sea realidad el artículo 35 y los españoles tengan el derecho a trabajar y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades. Habrá que considerar golpistas a los que incumplen el artículo 50 que obliga a los poderes públicos a garantizar mediante pensiones adecuadas la suficiencia económica de la tercera edad. Habrá que considerar golpistas a quienes convierten en papel mojado el artículo 14 que dice que todos somos iguales ante la ley. Serán golpistas también los que gobiernan contra el artículo 40 que obliga a una distribución de la riqueza equitativa. Serán golpistas los que niegan tratamientos contra enfermedades como la hepatitis C y vulneran el artículo 41 que garantiza la asistencia y prestaciones suficientes en caso de necesidad. Serán golpistas los corruptos o los defraudadores que actúan contra el artículo 128 porque orientan la riqueza del país en beneficio propio en lugar del interés general. Serán golpistas todos los que conspiran para recentralizar el estado y desafiar el artículo 137 que organiza el país en Comunidades Autónomas con plena autonomía en la gestión de sus intereses. Serán golpistas los que bloquean la renovación de instituciones como el Tribunal Constitucional contraviniendo el artículo 159.

Hay demasiada gente en este país que cree que la Constitución empieza en el artículo uno y termina en el dos, y el resto sí puede ser papel mojado. Lo cierto es que mientras nuestros políticos se llaman golpistas se ha dejado de hablar de corrupción, de másteres y tesis, de privilegios, de hipotecas, de pobreza, de precariedad, de desigualdad. Y ahora todos conteniendo la respiración ante un juicio a los políticos independentistas que va a marcar el futuro de España. No son los políticos a los que votamos, sino los jueces, los que marcarán la política en los próximos meses constatando el mayor fracaso como país. Un juicio que los más radicales en Cataluña y Madrid están deseando que tenga condenas durísimas para poder volver al camino de la unilateralidad, del 155, del desafío, del enfrentamiento, del conflicto. Están deseando, no vaya a ser que se empiece a dialogar, esto se arregle y haya que empezar a trabajar por mejorar la vida de los ciudadanos.

La Constitución y el síndrome de Peter Pan

Fue un bebé querido, deseado tras muchos años de oscuridad, un niño que fue haciéndose mayor a pesar de las dificultades, un joven fuerte capaz de afrontar retos y aportar soluciones, pero el adulto no ha sabido envejecer y corremos el riesgo de que la crisis de los 40 sea demasiado profunda, que El síndrome de Peter Pan acabe con él al pensar que no hay que evolucionar y que se puede seguir viviendo siempre de los tiempos felices. Es la Constitución española de 1978, que hoy cumple 39 años y cuya reforma se vuelve imprescindible para poder cumplir los 40 en plenitud de facultades.

El éxito de la Constitución es que varias generaciones de españoles la han percibido como algo útil, como un instrumento que ha servido para mejorar la vida de la gente. Eso ha cambiado. Paso este cumpleaños de la Constitución en Cataluña, en ningún lugar mejor para testar su estado de salud. La Carta Magna empieza a ser percibida como un problema por buena parte de la población. Incluso gente nada radical reconoce que ha perdido utilidad ante la velocidad a la que se producen los cambios en las sociedades del siglo XXI. La constitución tiene que demostrar que es algo vivo, con capacidad de adaptación, o las nuevas generaciones la percibirán cada vez más como un problema y no como una solución.

En 1978 uno de cada cuatro españoles era analfabeto, ahora el debate es universalizar la enseñanza desde casi el nacimiento. España estaba sometida al terror de ETA, la amenaza ahora es global con el yihadismo internacional. En 1978 hacer un viaje de 300 km duraba todo el día, ahora el AVE está a menos de 100 km de todos los españoles. El futbolín nos parecía el juego más sofisticado, hoy jugamos en red con la Play. Había dos canales de televisión, ahora vemos lo que queremos en aparatos inteligentes. Los teléfonos eran artículos de lujo, hoy hay más móviles que habitantes. Las redes sociales eran los vecinos, ahora entramos en shock si se cae internet. El gran logro en 1978 era haber erradicado la viruela, en nuestros días hemos vencido al SIDA y cáncer empieza a no ser sinónimo de muerte. Éramos un país con millones de emigrantes, hoy recibimos a cientos de miles de inmigrantes. En el 78 estábamos fuera de la comunidad internacional, en este tiempo hemos sustituido las pesetas por los euros.

La transformación que ha sufrido este país en los últimos 39 años no admite comparación con otro periodo histórico. España nunca había progresado tanto en tan poco tiempo, y no hay duda que la Constitución de 1978 ha jugado un papel esencial. Por ello la reforma de la Carta Magna es tan importante para que pueda seguir teniendo ese papel transformador en una sociedad donde la mujer juega ya un papel protagonista que la Constitución no reconoce, donde la generación más preparada de nuestra historia exige leyes que respondan a sus expectativas, a su modo de ver el mundo más exigente y crítico, cuestionándolo todo, donde los retos del siglo XXI en materia de derechos y libertades, de servicios, de seguridades, de cohesión social, de justicia e igualdad, de territorios e identidades tengan respuestas.

Hace 39 años que hubiese justicia era un logro tras 40 años de dictadura, hoy nos rebelamos ante una justicia que no se percibe independiente. Cuando se votó la Carta Magna reconocer libertades como las de expresión, reunión o información eran un hito viniendo de donde veniamos, ahora no aceptamos leyes mordaza, limitaciones o manipulaciones. En 1978 los derechos a la educación, a la salud, a la vivienda eran una aspiración soñada, hoy no tiene excusas su incumplimiento y la Constitución debe blindarlos jurídicamente como los derechos políticos.

La modificación del artículo 135 para acomodar la Ley de Leyes a las necesidades de los mercados demostró que su reforma no es difícil, con más razón deberíamos hacerlo para acomodarla a las nuevas necesidades de la gente, renta mínima, derechos de las mujeres, lucha contra la desigualdad, contra la pobreza, acogida de inmigrantes, cambio climático, etc.

El mundo y España han entrado en una nueva era. La caída del muro de Berlín, el derribo de las Torres Gemelas, la durísima crisis económica de la última década han cambiado nuestras sociedades para siempre y han planteado nuevos retos que hay que afrontar con nuevas herramientas. No es que lo viejo no valga, es que hay que mejorarlo.

Sin en 1978 había principios que la situación del país impedía cuestionar, hoy se cuestiona todo. Principios inmutables como la soberanía nacional, la corona, la separación de poderes tal y como han funcionado hasta ahora están cuestionados y deberán evolucionar para seguir siendo los pilares de nuestra convivencia.

Este 39 cumpleaños no ha sido una celebración alegre. Con la crisis territorial en Cataluña tras la DUI y el 155, la Constitución tiene en el modelo territorial una de sus grandes asignaturas pendientes. Un modelo de éxito como el autonómico ha llegado a su agotamiento y necesita un nuevo impulso que siga garantizando igualdad, solidaridad, progreso y bienestar como hasta ahora. La crisis social que ha provocado la crisis económica, con el mayor empobrecimiento de la clase trabajadora desde la posguerra civil y la pérdida de derechos y servicios, necesita también una respuesta en la Carta Magna para volver a recuperar la dignidad de quienes los han perdido todo. Por último, la crisis institucional que ha puesto en solfa desde la corona hasta las principales instituciones del Estado, donde la corrupción y la injusticia, el que sea más fácil ir a prisión por robar un bote de leche que por saquear las instituciones, ha provocado una desafección ciudadana que exige un cambio profundo en nuestra democracia saneándola.

Los padres de la Constitución enseñaron el camino, pacto, osadía, valentía, responsabilidad, generosidad, para garantizar 40 años de libertad y progreso, ahora se debe tomar el relevo. No puede ser que lo único que haya empeorado en este país sean sus políticos. No se puede ganar el futuro mirando solo al pasado. Una Constitución con síndrome de Peter Pan es una ley agotada e inútil, la mejor defensa que se puede hacer de la Carta Magna es adaptarla a los nuevos tiempos, que de respuesta a los nuevos retos, que aporte soluciones a los nuevos problemas. Nunca se debe olvidar que son las leyes las que deben estar al servicio de las personas y no al revés.

Presos

Todos los diarios, radios y televisiones han abierto hoy sus ediciones hablando de presos, de fianzas, de excarcelaciones. Se trata de los ocho consejeros del antiguo gobierno de Cataluña y los lideres de Omnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana. Su puesta en libertad o su permanencia en prisión se ha convertido en cuestión de estado. Hay quien habla de presos políticos, otros de presos de conciencia, el debate jurídico se ha instalado entre los que creen que hubo delito de rebelión o sedición y los que no. Hoy ya sabemos que políticos catalanes podrán hacer campaña electoral y quienes seguirán entre rejas. Sus caras volverán a ser portada en todos los medios de comunicación. Pero otro medio millar de presos seguirán siendo ignorados por los grandes titulares mientras malviven en una cárcel aún sin inaugurar, sin ningún debate jurídico en torno al delito que han cometido, el hecho de ser pobres, de venir a España huyendo de la guerra y del hambre.

Son el medio millar de inmigrantes que llegaron el mes pasado a Cartagena desde Argelia, jugándose la vida en el Mediterráneo, y que han sido encarcelados en la prisión de Archidona, convertida en un resort paradisiaco de cinco estrellas según el ministro del interior, Juan Ignacio Zoido. Luego hemos sabido, por denuncias de ONGs o del propio Defensor del Pueblo, que se trata de una cárcel en construcción, sin agua potable, ni servicios de asistencia.

El encarcelamiento de estos inmigrantes por el mero hecho de carecer de todo, hasta de papeles, es un escándalo que en cualquier país civilizado estaría en las primeras páginas de todos los medios. Son presos por no tener nada, por su origen, por intentar buscar una vida mejor. Su encarcelamiento va en contra de la Ley de Extranjería, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la Constitución, pero esos artículos no deben ser tan importantes para el gobierno.

Los más de 500 inmigrantes se encuentran casi todo el día en el patio de la prisión al estar las instalaciones en construcción y no cumplir los requisitos adecuados, bajo el frío y sin hacer nada, lo que provoca que los problemas sean constantes. Se ha confirmado la existencia de menores lo que agrava la ilegalidad.

Hasta el peor violador, hasta el más sangriento de los asesinos es recibido en prisión con un protocolo de asistencia para hacerle la pérdida de libertad mas llevadera. Los 500 de Archidona no, fueron llevados de la patera al autobús y de ahí a la prisión inconclusa de la localidad andaluza. ¿Se imaginan que a cualquiera de los ex consejeros catalanes presos se les hubiera sometido a una reclusión sin agua potable, sin teléfono, ni posibilidad de comunicarse con nadie? ¿Qué se estaría diciendo sobre la vulneración de derechos humanos? Si hasta a Alvaro Pérez, “El Bigotes” de la Gürtel, le dan cursos de cocina para hacerle la estancia en la cárcel más llevadera.

El ingreso en prisión de estos inmigrantes no es solo una ilegalidad y una irresponsabilidad política, es un mensaje claro en una campaña que pretende identificar a inmigrantes con delincuentes, que pretende criminalizar la pobreza. Un mensaje que cala en la sociedad para ver al inmigrante como un enemigo, al refugiado como una amenaza de nuestra forma de vida. Es el modo de defender esa gestión de la inmigración como un problema de orden público que realiza esta Europa inhumana e insolidaria, en lugar de hacerle frente como lo que es, una crisis humanitaria sin precedentes en el último medio siglo.

Solo así se puede insensibilizar a una población que asiste sin inmutarse a las nuevas formas de esclavitud en países como Libia, donde hemos visto vender a un hombre por 400 dólares y nadie ha hecho nada, donde las mujeres son objetos de trata por un puñado de euros, donde las personas mueren por millares en nuestras costas huyendo de la guerra y de una muerte segura. Donde nos acostumbramos a las siniestras estadísticas de botes repletos de cadáveres y pateras perdidas en el océano, mientras los medios siguen titulando con expresiones como avalancha o invasión.

Solo así se puede entender que en un país como España, donde no van a prisión los perceptores de sobresueldos con dinero B, los corruptos, los corruptores, los defraudadores, los explotadores, los ladrones, no nos parezca un escándalo que sí haya más de medio millar de personas en una cárcel a medio construir por el único delito de querer buscarse un futuro mejor.

Nos repiten constantemente que la ley está para cumplirse, pero se les olvida decirnos que solo en el caso de que seamos pobres. Sigamos debatiendo sobre la existencia de presos políticos mientras olvidamos que tenemos a más de 500 presos por razón de raza, por su orígen, porque no tienen nada, ni siquiera libertad.

Cataluña, otra cuenta atrás

Llegue a Cataluña hace casi tres semanas preocupado y con una sensación rara en el cuerpo. Me llevo hoy esa misma sensanción y me voy con la misma o más preocupación.

Llegue tras los registros del gobierno a consejerías de la Generalitat, la policía buscando urnas y amenazas desde Moncloa al gobierno catalán si realizaba un referéndum ilegal. Me voy con el referéndum hecho, con una declaración de independencia que duró ocho segundos, con Puigdemont pidiendo diálogo y mediación internacional y con el gobierno central amenazando con el artículo 155 de la constitución si el president no vuelve a la legalidad.

En definitiva, si la cosa estaba mal, ahora todo parece ir peor. No es la primera vez que me pasa. De hecho, cada vez que he venido a Cataluña a cubrir algún acontecimiento estos años, elecciones autonómicas, consulta del 9N… siempre me he ido con esa sensación, que con cada capítulo de esta historia todo empeoraba.

Pero en esta ocasión todo amenaza con llegar al punto crítico de no retorno y sobrepasar esa línea donde empieza el desastre.

Me voy con otra nueva cuenta atrás en marcha. La que le han dado al presidente de la Generalitat desde Madrid para que responda antes del lunes si ha declarado la independencia, y en caso afirmativo anule esa declaración antes del jueves. En un momento histórico en que todo empeora a cada minuto, los radicales son los que mejor se mueven. Ante un nuevo ultimatum, los independentistas irredentos, tras la decepción del martes en el Parlament, vuelven a la carga y ya ha comenzado la presión de la ANC o de sectores de ERC para que Puigdemont levante la suspensión de independencia y haga realidad una declaración unilateral que quedó en coitus interruptus. Amenazan con nuevas movilizaciones. Las esteladas vuelven a ondear tras unos días alicaídas.

Y mientras, en Madrid siguen en extasis tras el aquelarre de banderas nacionales en un 12 de octubre récord. La tensiones en Cataluña han despertado un sentimiento nacional del que nunca hemos presumido, y que parece alimentarse desde el gobierno central. Lástima que esa fiebre en defensa de lo español no se produjera cuando nos debilitan como nación dejando la sanidad o la educación hechas unos zorros, rebajando pensiones o prestaciones por desempleo, cuando nos roban derechos o nos limitan libertades. Parece que es más fácil recurrir a las tripas que al corazón o a la razón. Al calor de esta exaltación patriótica, se han producido brotes fascistas, que desde el gobierno del PP parece que no se perseguirán, que están dando alas a los más extremistas. También aquí convendría ser implacable en el cumplimiento de la ley. Lo dicho todo ha ido a peor.

Puigdemont se ha entregado a los antisistema de la CUP y a los fanáticos de la ANC y Omnium Cultural. Ahora es su esclavo y no sé si podrá romper las cadenas. No me gustaría que Rajoy también fuese esclavo del más rancio y retrógrado nacionalismo español, que muchas veces nos sigue lastrando como país y que 42 años después seguimos sin enterrar.

Puigdemont pide diálogo pero mantiene la independencia, y esta loco por un mediador internacional. Rajoy insiste que no es posible hablar sin una vuelta a la legalidad y por supuesto se niega a que el conflicto catalán traspase fronteras. Así las cosas el asunto no tiene solución.

Creo sinceramente que Puigdemont, en el fondo, no quiere una declaración unilateral de independencia, ni Rajoy quiere aplicar el artículo 155 de la constitución, pero sus servidumbres, sus errores del pasado, su falta de talla política, su irresponsabilidad y falta de inteligencia, llevó al choque de trenes y ahora puede llevar al suicidio.

El president ha incumplido sistemáticamente la Constitución, las decisiones del Tribunal Constitucional, el propio estatuto de autonomía, incluso la ley del referéndum, que ya era ilegal, también fue vulnerada en un tercio de sus artículos el 1 de octubre. Puigdemont está inhabilitado para intentar reconducir este proceso. No hay duda que la salida lógica son unas nuevas elecciones y otros interlocutores.

Pero no pensemos que esto soluciona el problema. Podemos plantear el asunto de Cataluña como un problema legal, de estricto cumplimiento de la ley, pero no es verdad. En Cataluña hay un grave problema político, pero hay un gigantesco problema social. Una sociedad fracturada que no puede normalizarse enfrentando a unos contra otros. La solución real debe satisfacer a todos, a esos millones de independentistas que ya no se dan por afectados por las actuales leyes españolas y el traje del 78 no les vale, y los millones de no independentistas que se han sentido menospreciados y marginados por el discurso dominante desde las instituciones catalanas, que les han convertido en ciudadanos de segunda en su propia casa.

Rajoy lleva dos consejos de ministros en 48 horas, un debate parlamentario, una declaración institucional, y más allá del cumplimiento de la ley, no ha propuesto nada. Es cierto que las leyes y el estado de derecho hay que respetarlo. Ojalá Rajoy fuese tan inflexible con los que no cumplen las leyes y no pagan impuestos, pero a esos les hacen amnistías fiscales, o fuese taxativo al cumplir leyes como la de dependencia con cientos de miles de muertos sin ni siquiera ser evaluados, o con los fondos buitres que dejan a la gente sin casa, o con los que se llevan el dinero a Suiza, o con los que pagan a los trabajadores menos del salario mínimo, parece que ahí es más fácil mirar para otro lado. Ojalá cumpliésemos la constitución siempre, también cuando dice que todos tenemos derecho a un trabajo digno y a una vivienda adecuada. Parece que todo esto es menos importante que la unidad de España. Rajoy se esconde tras la ley para no tener que hacer política. Ya tenemos todos muchos años para saber que hay veces que la ley es un dique de hierro, y otras veces una delgada línea de papel. No entiendo, puesto a hablar con delincuentes, que a Rajoy le haya sido más fácil cruzarse SMS con Bárcenas que con Puigdemont.

Probablemente el presidente catalan, no lo se, merezca ir a prisión como se grita en las calles dando rienda suelta a las turbas que cada uno utiliza a su manera. Rajoy y su partido siempre se han sentido cómodos alentando las tensiones territoriales porque les han venido bien electoralmente. Pero yo me voy hoy de Cataluña no pensando en Puigdemont y Rajoy, sino en Albert, Jordi, María o Montse, en Atanasio, Paco, Encarna o Ana, que llevan semanas sufriendo con lo que puede pasar, a los que se les quiebra la voz al reconocer que ya no pueden hablar de esto con muchos familiares y amigos, y que se enfadan porque les han convertido en rehenes de las estrategias interesadas y la incapacidad absoluta de políticos que han retorcido la mentira y la ley. Son ellos los que merecen una solución y es por ellos por los que hay que trabajar. Son ellos los que más perderán si todo esto revienta. Ojalá yo no tenga que volver para contarlo, porque se haya encontrado esa solución.

Cataluña 28S, más derrotados que triunfadores

Todavía no existe el partido político que en una noche electoral reconozca que ha sido derrotado. Todos ganan. Sin embargo, el 27 de septiembre en Cataluña deja la sensación de más derrotados que vencedores. La foto que sale de las urnas presenta una sociedad partida por la mitad, y se necesitarán grandes dosis de inteligencia, generosidad y diálogo para curar las heridas abiertas. Los catalanes han vuelto a demostrar estar muy por encima de sus políticos acudiendo en masa a las urnas, y batiendo en 10 puntos el récord de participación en unas autonómicas catalanas.

Aunque el récord de la noche lo volvió a batir Artur Mas. Ha convocado tres elecciones en cinco años para tratar de consolidar su poder, y en cada ocasión ha perdido apoyos. Anoche la candidatura unitaria de CDC y ERC, ganaba las elecciones, pero se quedaba con 62 escaños a seis de la mayoría absoluta. Necesita a la CUP para alcanzar esa mayoría absoluta en escaños, y ni así llegarían al 48% de los votos. Es decir, ganó las elecciones autonómicas, pero al plantearlas de forma plebiscitaria, las ha perdido. Tras la sobreactuación de ayer, Mas insiste en estar legitimado para seguir con su delirio independentista, pero lo catalanes no le han dado un apoyo mayoritario. Por el camino, Mas ha destrozado a Convergencia y a Unió, que se ha quedado fuera del Parlamento de Cataluña. Además deja tocada a ERC. Juntos, superaban la mayoría absoluta holgadamente en 2012, tres años después, se han quedado lejos. Probablemente, después de Franco, nadie ha hecho tanto daño al nacionalismo catalán. Mas ni siquiera tiene asegurada la reelección con la abstención de la CUP.

El otro partido de gobierno, el PP, ha sido el gran derrotado en Cataluña, donde queda reducido a una formación residual. Rajoy confiaba en que el problema catalán se solucionaría solo y con el paso del tiempo. Los ciudadanos de Cataluña han decidido que de los populares ya no se puede esperar nada, y lejos de ser capaces de aportar soluciones se han convertido en parte del problema. Rajoy se lo jugó todo a la confrontación, al anticatalanismo que utilizó para llegar a La Moncloa, y apostó por un duro como García Albiol. La estrategia ha acabado en fracaso. A tres meses de unas elecciones generales, donde el PP llega tras fracasar en todas las elecciones celebradas en los últimos meses, con un líder paralizado, y un proyecto alejado de la realidad de la calle.

Los socialistas han trasladado la sensación de haber salvado los muebles. En una campaña muy polarizada, que deja poco espacio al pactos al acuerdo, han perdido cuatro escaños para quedarse con 16 en la cámara catalana, aunque mantienen los votos de 2012. El PSC sigue por tanto perdiendo apoyos, pero parece haber frenado la caída libre en que había entrado con una traumática escisión incluida. Como dicen, en el país de los ciegos el tuerto es el rey, los socialistas catalanes destacan que mantienen la hegemonía de la izquierda tras los malos resultados de la marca de Podemos.

Catalunya si que es Pot, la coalición que agrupaba a Iniciativa y Podemos, ha visto defraudada sus expectativas. Con 10 escaños, ni siquiera llega a los 13 que en 2012 consiguió la marca de Izquierda Unida en Cataluña en solitario. Una lección para la coalición de izquierdas pensando en las generales de diciembre. Tras la rutilante irrupción de Podemos en el panorama político, la gente ya espera de ellos posiciones claras y propuestas concretas, algo que no se ha producido en una errática campaña en Cataluña que siembra dudas en la formación de Pablo Iglesias a tres meses del asalto a La Moncloa.

A tres meses de las generales, Ciudadanos es el único partido que tiene algo que celebrar. Ha casi triplicado su representación en el Parlament, de nueve pasa a 25 escaños, se convierten en la segunda fuerza política y la única alternativa al independentismo. Albert Rivera sabe que La Moncloa siempre ha pasado por un buen resultado en Cataluña, y ya ha empezado a capitalizar el éxito catalán. La única sombra en el buen resultado de Ciudadanos, no haber impedido la mayoría absoluta en escaños de los independentistas, pero sin duda han sido decisivos para evitar el triunfo en votos, son los grandes triunfadores del 27S.

La CUP, la candidatura de unidad popular anticapitalista, es la formación que más ha crecido, más del triple, pasando de tres a diez asientos en la cámara catalana y además son la llave en la continuidad del proceso soberanista, y sobre todo, son los encargados de borrar de la política catalana a Mas. Ahora tendrán que tomar decisiones, y veremos si ponen las políticas sociales por encima de la independencia, o se pliegan al discurso de Convergencia y ERC.

El 27 de septiembre ya es historia, estamos a 28, y los catalanes ya han hablado. Sabemos que los independentistas no son mayoría, y que sería irresponsable mantener un proceso que los ciudadanos en las urnas no han ratificado. Una Cataluña fracturada necesita volver a saber que van a hacer con su sanidad, con su educación, como se va a crear empleo. Tan irresponsable como seguir con el proceso, sería obviar a los dos millones de catalanes que sí han votado opciones independentistas. Tras 35 años, parece claro que se debe acometer una reforma de la Constitución y encontrar, entre todos, un nuevo encaje de Cataluña, y del resto de las comunidades en un nuevo Estado, que adapte sus instituciones y normas al siglo XXI, que se dote de los instrumentos y la financiación adecuada para afrontar los retos de un nuevo tiempo, en el que se reconozcan las singularidades de cada territorio, pero sin privilegios para ninguno.