El año que acaba de empezar lo hace con más incertidumbres que certezas. ¿Podrá el gobierno aprobar sus presupuestos? ¿Se certificará el pacto con la extrema derecha en Andalucía para cerrar 36 años de gobiernos socialistas? ¿Habrá elecciones generales anticipadas? ¿Se llegará por fin a un acuerdo sobre el Brexit? Demasiadas preguntas por responder en un año que vendrá marcado por un juicio, el de los políticos independentistas encarcelados. Será probablemente la mayor prueba a la que se ha visto sometida la democracia española en casi cuarenta años, y ahora mismo es impredecible aventurar cómo saldrá de ella, pero todo apunta a que no será bien.
El juicio, si todo va como se espera comenzará en la segunda quincena de enero, y se prolongará durante varios meses en que la escalada de tensión a cuenta de Cataluña alcanzará picos superiores a octubre de 2017, con la declaración de independencia y la aplicación del articulo 155.
Finalmente se sentarán en el banquillo del Tribunal Supremo, doce líderes independentistas. Oriol Junqueras y la mayor parte del gobierno de la Generalitat que decretó la DUI y no huyeron al extranjero y los dos máximos responsables de la Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural. Será la constatación total del fracaso de judicializar un problema que debía haberse resuelto por la vía política, pero la irresponsabilidad, la inacción y el cálculo electoral lo han metido en un callejón cuya salida parece que solo será el desastre.
Las declaraciones de los procesados en las primeras sesiones del juicio por delitos tan graves como rebelión o sedición, volverán a exaltar el sentimiento independentista, enfriado y dividido en los últimos meses, pero que afronta el juicio como la prueba palmaria de la actuación de un estado no democrático y que ha optado por la represión y no por el diálogo. También serán días de exaltación entre los partidos nacionales de derechas, que afrontan el juicio con cierta sed de venganza tras la humillación del uno de octubre y con la sensación de poner en la maza de los jueces la victoria definitiva que aplaste al independentismo.
El juicio llega con la sensación de que tenemos a los políticos más irresponsables de nuestra historia en el peor momento, aunque a veces pienso en lo que hubieran sido los años 80, con más de 100 muertos en Euskadi, con un debate en el Congreso tirándose los trastos a la cabeza después de cada atentado o con una rueda de prensa del Casado o Rivera de turno después de cada crimen, y creo que podía haber sido peor.
Pero es cierto que el momento es dramático, con el independentismo deseando una condena dura, que ya han anunciado que no aceptarán, para volver a tirarse al monte, y las dos derechas, PP y Ciudadanos, y la extrema derecha de Vox pugnando por el discurso más incendiario y pidiendo el 155 más duro. Serán meses de juicio con un Puigdemont desatado en Waterloo y un Quim Torra disfrutando en Cataluña, con excusa para no preocuparse de los problemas reales de los catalanes y volcados en un procés que para ellos es su única posibilidad de supervivencia. Meses con Casado, Rivera y Abascal «on fire», pidiendo más y más dureza, más y más castigos ejemplares, más y más 155 con intervención de la televisión pública, de la educación, de los mossos y hasta del Tibidabo. Y en medio como rehenes 8 millones de catalanes y 47 millones de españoles que ahora mismo tenemos la sensación de que esto no puede acabar bien.
Serán meses duros para una gobierno clamando por un diálogo en un desierto de extremistas, radicales y pirómanos. Y sobre todo serán meses duros para un tribunal y una fiscalía convertidos a su pesar en protagonistas de la batalla política, y que parece con poca capacidad de maniobra tras los mensajes de WhatsApp del popular Ignacio Cosidó y una instrucción con demasiadas lagunas y vaivenes. Con órdenes de detención internacional de quita y pon, con desautorización de los delitos más graves de rebelión y sedición por parte de las justicias de Bélgica, Alemania o Reino Unido, con la sensación de que todo está escrito y la única salida es una condena dura porque todo lo demás sería para muchos ceder al chantaje de los independentistas.
Los términos rebelión y sedición se convertirán en las palabras del año. Está claro que en Cataluña, en septiembre y octubre de 2017 se violentaron leyes, el Estatuto de Autonomía y la Constitución y se desobedeció al Tribunal Constitucional. Los responsables deben pagar. Pero también es cierto que delitos como los que suponen hasta 30 años de prisión, tienen un componente de violencia que no existió esos días en Cataluña. Así lo han reconocido tribunales alemanes o belgas. Hubo más violencia en la vuelta de la final de la Copa Libertadores que en Cataluña, hubo más tensión en las vísperas del último Inter-Napoles que en las calles de Barcelona, hubo más desórdenes un sábado cualquiera en París que ante la Consejera de Economía de la Generalitat.
Salvo un trasplante de sentido común, impensable es estos momentos, la sentencia del juicio a los políticos independentistas tiene todas las papeletas de incendiar Cataluña y España, con llamas de proporciones desconocidas en nuestra historia reciente y con consecuencias imprevisibles. Además, esa sentencia se podría conocer en las cercanías de las elecciones autonómicas, municipales y europeas de mayo de este año, con lo que más madera al fuego en un clima preelectoral.
Será la gran cita del año a expensas de lo que pase con las elecciones generales. Pedro Sánchez quiere aguantar y agotar la legislatura pero todo apunta a que será difícil que no haya generales también en 2019. Sánchez se juega los presupuestos en enero, ante el bloqueo de la derecha, los independentistas catalanes son claves para sacarlos adelante. Siguen instalados en el no, pero se mueven, especialmente arrastrados por ERC, que saben que Sánchez es la única posibilidad de distensión y salida dialogada. Si Sánchez cae, la intervención de Cataluña y la suspensión del autogobierno será el eje de una campaña brutal prevía a unas generales con la nueva alianza de PP, Ciudadanos y Vox funcionando, salvo sorpresa, ya en Andalucía.
Una Andalucía que se convertirá en banco de pruebas de esas políticas de involución en materia de descentralización, servicios públicos, o leyes de igualdad que exigen desde la extrema derecha. Da la sensación de que si la crisis se llevó los derechos laborales e instaló la precariedad como modelo social, ahora en una segunda vuelta de tuerca serán las libertades y los logros de los últimos 40 años los que se someterán a una dieta de adelgazamiento como nuevo modelo político, pero eso sí, con toros y caza para todos.
Y llegará el 26 de mayo con elecciones autonómicas y municipales, con la triple alianza como propuesta de gestión y con elecciones europeas en el momento más convulso de la Unión en más de medio siglo. Con el antieuropeismo cabalgando con partidos como Vox, Alternativa por Alemania, el Frente Nacional, el Ukip, Amanecer Dorado, y golpeando con fuerza para desarmar el proyecto europeo de solidaridad, justicia social, y derechos humanos que tanto costó sacar adelante.
Estamos ante las elecciones europeas más importantes de la historia y a las que se podría llegar si haber logrado en marzo un acuerdo sobre el Brexit, que provocaría una salida por las bravas del Reino Unido de la Unión con consecuencias económicas y sociales que podrían ser catastróficas.
Los nubarrones con los que nace el año no pueden ser más oscuros. Discursos cada vez más xenófobos en materia de inmigración, más misóginos para neutralizar los avances en igualdad de los últimos tiempos, hasta el punto de criminalizar a las mujeres víctimas de abusos y blanquear a los agresores denunciados falsamente, muros más altos con retrocesos en materia de convivencia o tolerancia, sacrificios en materia de derechos humanos en beneficio de una mal entendida seguridad, una economía cada vez más salvaje convertida en trituradora de carne humana, más proteccionismo y menos libertad. La tormenta que se está formando parece tan fuerte que quizás, con que el año no sea tan malo como parece, nos conformaríamos.
Las cosas del Lázaro 