Un lema publicitario, como «el algodón no engaña» del mayordomo de la tele, o «la chispa de la vida», a eso ha quedado reducido el «Hacienda somos todos» con el que en España durante décadas trataron de convencernos de que debíamos pagar nuestros impuestos como una forma de responsabilidad social. Ahora sabemos, tras la intervención de la abogacía del Estado en la primera sesión del juicio por el caso Noos, que tan solo es un eslogan publicitario, como el de Don Limpio o la Coca Cola, y que además es engañoso. No nos convertirá en grandes hombres como nos promete Marlboro, ni nos dará prestigio como ofrece Mercedes, ha resultado ser más falso que Volkswagen. Es la demostración de que en España pagar impuestos ha sido siempre cosa de pobres.
Era algo que todos intuíamos, pero hoy ya está confirmado. Con el arranque de sinceridad de la abogacía del Estado, en sede judicial en Palma de Mallorca, ya no hay dudas. Para la Agencia Tributaria, Hacienda no somos todos. Hay españoles de primera y de segunda, españoles con los que se es inflexible desde el fisco, y españoles con los que se mira hacia otro lado.
Han sido los técnicos de Hacienda los que han confirmado esta profunda injusticia. Se han llevado las manos a la cabeza cuando un abogado del estado reduce a eslogan publicitario un «Hacienda somos todos» que tienen una especial trascendencia jurídica. Es la expresión más gráfica del artículo 31.1 de la Constitución que habla del justo reparto de la carga tributaria, otro incumplimiento más de la Carta Magna. El sistema impositivo en España no puede ser más injusto e ineficaz.
Los técnicos de Hacienda solo entienden que la Agencia Tributaria haya renunciado a acusar a la infanta Cristina como cooperadora de dos delitos fiscales al «elegir a capricho» con quienes ser inflexibles y con quienes tener manga ancha. No entienden que no se acuse a quien era participe de las sociedades utilizadas para la comisión de los delitos.
Ha sido la noticia de la sesión de apertura del juicio por el Caso Noos, la confluencia de intereses de la Agencia Tributaria, de la Abogacía del Estado, de la Fiscalía, con los abogados defensores de Cristina de Borbón, para tratar de evitar el procesamiento de la Infanta, en un caso de corrupción que ha provocado un enorme desgaste en la Corona. Es cierto que ayer en Palma el más vehemente al pedir el archivo de la causa fue el abogado de la Infanta, Jesus María Silva, pero el más contundente fue curiosamente quien debía acusar, el fiscal Pedro Horrach, y quien proporcionó los argumentos, Hacienda, contra quien se cometieron los presuntos delitos, con un nuevo informe que exonera a la Infanta de cualquier delito fiscal. Ni el mejor de los equipos jurídicos habría actuado mejor coordinado.
La Infanta podría salir del banquillo de los acusados en virtud de una doctrina con el nombre de un banquero, Emilio Botín, el primer beneficiario del privilegio de no ser procesado si no hay acusación del ministerio público, aunque sí exista por parte de un particular. Esto define al país. Parece que desde altas instancias del Estado se han tomado muchas molestias para sacar a la hermana del Rey de entre los 18 acusados del caso Noos.
Si finalmente la Infanta no tiene que regresar a Palma para volver a sentarse en el banquillo, algo que conoceremos antes del 9 de febrero, serán la propia Cristina de Borbón y la Corona los principales perjudicados. En un tiempo en que ancianos con Alzheimer se les hace responsables de lo que firmaron en el banco para la adquisición de preferentes, cuando jubilados son desahuciados de sus casas por deudas contraídas por sus hijos, cuando personas sin ninguna formación son consideradas responsables de los perjuicios causados por complejos productos financieros, sería muy difícil de entender que Cristina de Borbón no tuviera nada que ver con los negocios de su marido y desconociese cómo llegaba el dinero para pagar, por ejemplo, el palacete de Pedralbes.
Fue el rey Juan Carlos quien dijo que la justicia era igual para todos, ahora toca demostrarlo. La composición del banquillo del caso Noos, el primero de los grandes casos de corrupción que llega a juicio, de una época en que la impunidad y la desvergüenza era moneda común en determinados círculos de este país, es la demostración palpable de que la justicia funciona, sobre todo por el impulso de magistrados convertidos en superhéroes como el juez Castro, ahora toca que todo ese esfuerzo no se tire por la borda.
Las cosas del Lázaro 